Contexto de la Propuesta
En 2012, Colombia levantó un peaje que afectaba el acceso al empleo formal, mediante la Ley 1607. Esta ley exoneró a las empresas de los aportes al Sena, al Icbf y a la cotización a salud por los trabajadores que devengaran menos de diez salarios mínimos, lo que permitió una reducción significativa en el costo de nómina. Sin embargo, esta medida tuvo una contrapartida: la creación del Cree, un impuesto sobre las utilidades empresariales.
El Proyecto de Ley de Rescate Económico, presentado recientemente por el Gobierno ante el Congreso, busca reinstalar este peaje, aunque con modificaciones. A partir de 2027, la exoneración total se limitaría a trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos, mientras que aquellos que ganen entre dos y tres salarios mínimos tendrían una tarifa reducida, y los que superen los tres salarios mínimos asumirían la totalidad de los aportes.
Implicaciones del Nuevo Peaje
La propuesta de reinstalar el peaje no solo implica un cambio en las exoneraciones, sino que también se prevé un aumento en los costos. Esto podría tener un impacto significativo en el empleo formal, ya que el costo de nómina se incrementaría para muchas empresas. Además, el nuevo esquema podría desincentivar a los empleadores a aumentar los salarios de sus trabajadores, ya que cada incremento podría llevar a un aumento desproporcionado en los costos laborales.
Un informe de 2024 de los observatorios Laboral y Fiscal de la Javeriana indica que, entre 2013 y 2023, la proporción de ocupados que cotiza a pensión aumentó, lo que sugiere que la eliminación del peaje en su momento ayudó a reducir la informalidad. Sin embargo, reinstalar este peaje podría revertir esos avances, especialmente en un contexto donde el 91% de los ocupados ganan menos de tres salarios mínimos.
Riesgos Asociados
La propuesta presenta dos riesgos principales. Primero, podría crear una estructura de incentivos que desincentive a los trabajadores a buscar aumentos salariales, ya que cada umbral de salario podría convertirse en una barrera que encarece el costo de la nómina. Esto podría afectar la productividad y el crecimiento de las empresas, además de limitar las oportunidades de mejora para los trabajadores.
Segundo, la reinstalación del peaje podría trasladar cargas fiscales a las futuras generaciones, lo que podría resultar en una mayor dependencia del Estado por parte de los adultos mayores, quienes podrían no contar con pensiones adecuadas. Este es un problema creciente, dado que la proporción de adultos mayores en la población ha aumentado en la última década.
