Intervención policial en Lisboa
En la madrugada del domingo, las fuerzas policiales de Lisboa llevaron a cabo una intervención en la plaza del Rossio, donde se había establecido una acampada en defensa del derecho a la vivienda. Esta acción resultó en al menos 27 personas heridas, según han confirmado tanto fuentes policiales como sanitarias. El personal del Hospital de São José atendió a 24 manifestantes por lesiones relacionadas con la intervención, mientras que el Hospital de Santa Maria reportó tres heridos leves.
Detalles de la intervención
La intervención se produjo tras más de dos horas de tensión, en las cuales se dieron órdenes a los acampados para que se retirasen y desmantelaran sus tiendas de campaña. Las fuerzas del orden utilizaron porras y perros para dispersar a los manifestantes. La Policía de Seguridad Pública (PSP) ha documentado un total de 27 manifestantes lesionados como resultado de estas acciones.
Además de Lisboa, en la ciudad de Oporto también se registraron incidentes similares en la plaza D. João I, donde se reportaron cargas policiales y algunos heridos, aunque la PSP indicó que solo seis personas resultaron afectadas en esa localidad.
Reacciones a la intervención
Tras la intervención policial, miles de personas se reagruparon en la plaza del Rossio para expresar su descontento. Los manifestantes criticaron la actuación de las fuerzas del orden, calificándola como el "mayor atentado contra la democracia desde el 25 de abril", una fecha significativa en la historia de Portugal que marca el fin del régimen autoritario del Estado Novo. Esta situación ha generado un amplio debate sobre el derecho a la vivienda y la respuesta del gobierno ante las protestas sociales.
Contexto de la protesta
Las protestas por el derecho a la vivienda en Portugal han ido en aumento en los últimos años, impulsadas por el incremento de los precios de los alquileres y la falta de acceso a viviendas asequibles. Los manifestantes exigen medidas más efectivas por parte del gobierno para abordar esta crisis. La intervención policial ha reavivado el debate sobre la forma en que se manejan las manifestaciones y el derecho a la protesta en el país, así como la necesidad de un diálogo más constructivo entre el gobierno y los ciudadanos.
